El diputado de Cambiemos, Guillermo Castello, presentó la reforma legislativa que le quita facultades a la Suprema Corte. Va en línea con lo planteado por ministro de Justicia nacional.
A comienzos de año, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, alteró la agenda de verano al anunciar la intención de eliminar la feria judicial y ampliar el horario de atención al público. Como la reforma toca la competencia del Poder Judicial, el funcionario aclaró que la idea era instalar el tema para el debate y avanzar legislativamente en 2018. En esa línea, aunque con tiempos más apresurados, en la Provincia también se decidió avanzar en el tema.
El diputado bonaerense de Cambiemos, Guillermo Castello, presentó en la Cámara baja un proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 5.827, Orgánica del Poder Judicial y se suprime la feria judicial en todo el territorio bonaerense.
Es decir, se suprime el receso colectivo de 45 días (30 en enero y 15 en julio), y por ende se le quita esta potestad de decisión a la Suprema Corte de Justicia. En tanto se condicionan las vacaciones de los empleados judiciales de acuerdo a escala y antigüedad laboral. También se sustituye el artículo 152 del Código Procesal Civil y Comercial (decreto-ley Nº 7425/68) para reordenar el calendario de días hábiles, teniendo en cuenta que ya no habrá 30 días de receso, correspondientes a enero, ni 15 días fijados para la mitad del año. Además, se modifica el Código Procesal Penal ley Nº 11922, para el cómputo de los nuevos plazos legales de la Justicia.
“Ese proyecto va en línea con lo que anunció Garavano”, indicó Castello. Aunque justificó el apuro al indicar que “esto se puede implementar en la Provincia más allá de lo que suceda a nivel nacional en la Justicia federal”. “La ciudadanía pide una justicia más rápida y efectiva, y la feria judicial parece casi un privilegio”, remarcó el diputado, integrante de la Coalición Cívica ARI que responde a la diputada nacional, Elisa Carrió.
Además, detalla en los fundamentos de su proyecto que durante el receso obligado “no corren los plazos procesales, no se pueden interponer demandas, no se celebran audiencias y no se dictan resoluciones judiciales”. “La necesidad de eliminar la feria judicial resulta clara e impostergable porque no se puede seguir negando a la población un adecuado Servicio de Justicia de manera institucional y deliberada”, se explica en la iniciativa.
